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Resumen y Conclusiones del XXIII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de Argentina

La Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina – AMJA – dio a conocer el Resumen y las Conclusiones del XXIII Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de Argentina, realizado en San Juan, entre el 25 y el 27 de agosto pasado. Durante el mismo se abordaron las temáticas del Crimen Organizado y Género, y de la Trata de Personas y Narcotráfico.

 

Información SIC 216-16 - logo AMJA

XXIII ENCUENTRO NACIONAL
San Juan – 25 a 27 de agosto

Crimen Organizado y Género
Trata de Personas y Narcotráfico

Resumen

• El Acto de apertura contó con la participación de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dra. Elena Highton de Nolasco; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Germán Garavano; el Gobernador de la Provincia de San Juan Dr. Sergio Uñac; el Ministro de Gobierno de la Provincia Dr. Emilio Javier Guido Baistrochi Guimaraes; el Presidente de la Corte de la Provincia Dr. Ángel Humberto Medina Palá; la Secretaria de Gobierno, Justicia y DDHH Dra. Ana Fabiola Aubone; el Subsecretario de DDHH Dr. Jorge Ariel Rodriguez, y la Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina Dra. Susana Medina.

• Estuvieron presentes las Ministras de las Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias de Jujuy, Dra. Clara de Langhe de Falcone (Presidenta) y Elizabeth Altamirano; el Dr. Jorge Nanclares ( Mendoza); el Dr. Luis Brizuela ( La Rioja); la Dra. Elena Victoria Fresco (La Pampa); la Dra. Cristina Irene Leiva (Misiones); la Dra. Aída Tarditti y María Esther Cafuré (Córdoba); y la Dra. Adriana Zaratiegui (Río Negro). Por su parte, la Dra. María Luisa Lucas hizo llegar su aporte para recordar al Bicentenario en la figura del Gral. Manuel Belgrano.

• Hizo llegar un saludo grabado en vídeo el Embajador de Estados Unidos de América en Argentina Noah Mamet quien resaltó el trabajo conjunto que se está llevando a cabo en la región y en nuestro país y el firme compromiso de Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado.

• Mediante Ordenanzas Nº 11.824, Nº11.818 y Nº11.826, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, declaró Huésped de Honor de la Ciudad a la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dra. Elena Highton de Nolasco, al Ministro de Justicia y DDHH de la Nación Dr. Germán Garavano y a la Presidenta de AMJA Dra. Susana Medina.

• El Ministro de Gobierno de la Provincia de San Juan, Dr. Emilio Javier Baistrocchi Guimaraes, presentó el Digesto de Género. Se trata de un Compendio de Normas Jurídicas sobre Protección y Defensa de los Derechos y garantías de la Mujer, compilado por Máximo Paez y la colaboración de la Dra. Daniela Poblete, Lic. Eduardo Atienza y el Dr. Nicolás Torres. La obra estuvo revisado y avalado por la Dra. Susana Medina.

• El Encuentro contó con el aporte de los siguientes expertos disertantes: Elena Highton de Nolasco; Germán Garavano; Clara Falcone; Maria Angélica Gastaldi; Adriana Zaratiegui; Aida Tarditti; Miguel Piedecasas; Zunilda Niremperger; Jorge Amilcar Luciano Garcia; Victor María Velez; Fernando Ramirez; Gloria Pasten; ; Claudia Caputi; Michael Tooley; (Estados Unidos) ; Maria Fernanda Rodriguez; Marcelo Colombo; Fabiola Bogado Ibarra; Diego Sebastian Luciani; Natalia Molina; Eve Flores; Gladys Alvarez; Damian Dalessio; Federico Penna ( Italia); Graciela Tagle; Gabriela Baigún; Gabriel Iezzi; y Gustavo Vera.

• Los Observadores fueron :Karina Kalafatich; Martha Altabe; Mariela Sarrias; Liliana Michelassi; Cristina Casas Noblega; Miriam Larrea; laura Cioli; Norma Abate; María Eugenia Soza; María Esther Cafure; Andrea Roll Bianciotto; Jorge Nanclares; Eduardo Roveda; Mariana Gimenez; Silvia Perez de Lami; Fabian Cardoso y Perla Prigoshin.-

• La Secretaria del evento fue María Laura Altamiranda y la Relatora fue Norma Chiapparrone.-Colaboraron en la Mesa de acreditaciones Ángeles Baliero de Burundarena y María Eugenia Chapero.

• Las Delegaciones presentes fueron de Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, Corrientes, La Pampa, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a los anfitriones de la Provincia de San Juan.

• El XXIII fue declarado de interés por las siguientes instituciones: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Declaración de Interés y Auspicio. Dr. Germán Carlos Garavano; Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y CABA. Dr. Rafael Francisco Gutiérrez. Presidente ; Suprema Corte de la Provincia de San Juan; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones; Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego; Corte de Justicia de Catamarca. Dr. José Ricardo Cáceres. Presidente; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco. Dra. María Luisa Lucas. Presidenta; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis. Dres. Omar Esteban Uría, Horacio Guillermo Zavala Rodríguez y Oscar Eduardo Gatica; Superior Tribunal de Justicia e la Provincia de Jujuy. Dres. Clara Falcone, Sergio González, Sergio Jenefes, Laura Nilda Lamas González, Federico Francisco Otaola, Beatriz Elizabeth Altamirano, Pablo Baca, José Manuel del Campo y María Silvia Bernal; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut. Dres. Miguel Angel Donnet Presidente y Dr. Jorge Pfleger.; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. Dres. Sergio Barotto, Enrique Mansilla, Ricardo Apcarian, Liliana Piccinini, Adriana C. Zaratiegui, Silvana Mucci; Superior Tribunal de Justicia. Provincia de La Rioja ; Superior Tribunal de Justicia. Provincia de Santiago del Estero; Superior Tribunal de Justicia. Provincia de Corrientes; Superior Tribunal de Justicia. Provincia de Entre Ríos. Dra. Claudia M. Mizawak. Presidenta; Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán. Dr. Rene Mario Goane. Dra. Claudia Beatriz Sbdar. Dr. Daniel Oscar Posse; Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, Dra. Isabel Van Der Walt. Secretaria de Superintendencia; Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste. Prof. Ma. Delfina Veravé. Rectora; Facultad de Derecho y Cs. Sociales y Políticas. Univ del Nordeste. Dra.Verónica Torres de Brear. Decana; FUNDEJUS. Dr. Joaquín Pedro Da Rocha. Presidente; Colegio de Magistrados y Funcionarios del Dpto. Judicial Zárate/Campana. Dr. Christina José Fabio. Presidente; CONSAVIG. Dra. Perla Prigoshin; Colegio Público de Abogados de Corrientes. Dr. Ricardo Manuel Villar. Presidente; Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Dr. Gregorio Corach. Presidente; Consejo de la Magistratura de la Nación. Poder Judicial de la Nación. Dr. Miguel A. Piedecasas. Presidente ; Colegio de Magistrados y Funcionarios. Provincia de San Luis. Dr. Nestor Lucero Presidente; Asociación Magistrados de La Plata. Dr. Victor Violini. Presidente; Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan. Dr. Marcelo Jorge Lima. Vicegobernador de la Provincia; Adhesión de Comisión Banca de la Mujer del Honorable Senado de la Nación. Senadora Marina Riofrio; Legislatura de la Provincia de Formosa. Dr. Armando Felipe Cabrera. Presidente Provisional.

Conclusiones

1. Los delitos del crimen organizado, como la trata de personas y el narcotráfico, son globales, transnacionales, complejos, graves, con muchas y variadas aristas, que afectan los más elementales derechos humanos de los más débiles, que generan millones de dólares en el mundo, pertenecen a la economía informal pero sin embargo hay países que lo contabilizan en su producto bruto interno.-

2. Al estar en presencia de delitos complejos, obliga acciones mancomunadas de instituciones gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales e integrantes de la sociedad en general; lo cual hace necesario un dialogo permanente entre los Estados, sean estos de origen, de tránsito o destino de las víctimas. Es por ello que es de renovado y permanente interés su debate en todos los foros y ámbitos posibles.

3. La lucha contra el crimen organizado impone una modificación de instrumentos dogmáticos y estructurales, que impiden la imputación a los mayores integrantes de la cadena delictiva que son los que más se benefician con los ingresos económicos del delito. Esta sugerencia ronda a la tipificación de los delitos, por lo que supondría una modificación de la ley penal respectiva.

4. Se hizo hincapié en la necesidad de la prevención, la cual debe ser planificada de manera conjunta, organizada tanto a nivel nacional, como provincial y municipal

5. La concientización y compromiso social sobre la cuestión exige especialmente de los Magistrados, en cuanto sujetos que representan el despliegue del poder del estado destinado a realizar la Justicia, no quedarse en análisis legales exclamativos o programáticos, sino realizar acciones concretas, efectivas y eficaces que tengan como objetivo alcanzar y afianzar el “bienestar general” que establece el Preámbulo de la Constitución Nacional, sin que el federalismo y las fronteras nacionales sean una barrera que impida la realización plena del valor justicia y dignidad humana.

6. La feminización de la pobreza es un dato de la realidad que no puede soslayarse, y ello conduce en buena medida a la trata y explotación de personas, tanto sexual como laboral. En este contexto las mujeres constituyen un universo de extrema vulnerabilidad. Ello puede advertirse por el lugar que ocupan en la cadena delictiva, sean víctimas o infractoras a la ley; por lo general ocupan los lugares de mayor exposición.

7. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo Argentina es lugar de origen, tránsito y destino para las víctimas de trata, alrededor de unas 500.000 personas participan directa o indirectamente de este delito.-No hay cifras oficiales, pero se estima que entre 600.000 y 800.000 mujeres, hombres, niñas y niños son traficados a través de las fronteras internacionales cada año. De estos, aproximadamente 80% son mujeres y niñas, y hasta 50% son personas menores de edad traficadas con fines de trabajo forzoso o servidumbre sexual, o ambos a la vez.

8. No podemos dejar de advertir que a través de la esclavitud sexual, el cuerpo humano se convierte en un objeto de comercio para ser explotado. En las víctimas de trabajo forzoso, el cuerpo pasa a ser una máquina descartable y sustituible, cuyo lucro es de otros. En ambos casos la persona esclavizada, sometida y subyugada, es degradada al status de mero objeto para el beneficio de otro. La dignidad humana de la persona es menoscabada a su extremo, por eso consideramos que es un delito de lesa humanidad.

9. La trata de personas afecta en un 90% a mujeres y niñas; hay un concepto de esclavitud moderna que debe ser reevaluado para comprender la incidencia negativa sobre la mujer. Paralelamente, la trata para fines de explotación laboral es también una nueva forma de esclavitud. Frente a estos fenómenos, se considera necesario y relevante avanzar en campañas de prevención que permitan visibilizar la problemática en la que están inmersas las mujeres y la problemática que las envuelve, e inclusive, se advierte la necesidad de revisar los tipos de penas que se les impone, acudiendo al sistema de penas alternativas a la prisión y que eviten la estigmatización. Vinculado con ello, se considera necesario asistir a las mujeres mediante programas de inclusión social, destinados tanto a las víctimas como a las infractoras de la ley, y que no soslaye a las familias. Serían necesarias, en este sentido, políticas de reeducación y asistencia, cuidándose siempre de evitar la revictimización.

10. En cuanto a la delincuencia vinculada a la droga, las mujeres encuadran en el narcomenudeo, ingresando a la realidad del delito por coacción de sus parejas u otros familiares, circunstancia que pone en evidencia aún más la vulnerabilidad de las mujeres y niñas muchas de las cuales comienzan el consumo a temprana edad. Resulta necesario un replanteo educacional y de salud pública que atienda esta problemática.-

11. Resulta imperativo redoblar los esfuerzos en el trabajo encaminado a la elaboración de estadísticas, y en la planificación estratégica y conjunta de los tres poderes, para un abordaje específico de la narcocriminalidad. Tales estadísticas deben ser empleadas tanto como herramienta de prevención como de represión del crimen organizado.

12. Se propone crear mesas de diálogo y redes entre los sectores público y privado, incluso internacionales, como herramientas para alcanzar mejores resultados en la lucha contra estos grupos criminales organizados. En particular, dado el servicio que presta la Justicia, es relevante considerar la colaboración y cooperación con instituciones homólogas de otros poderes del Estado.

13. Con respecto a los niños y niñas involucrados en procesos de restitución internacional, se aconseja la adopción de procedimientos urgentes, que aceleren las causas para una resolución eficiente, lo que implicaría la necesidad del dictado de nuevas normas, con miras a reformular su trámite.

14. Una consideración aparte es la relativa al perfeccionamiento en el accionar de los controles que competen al Estado, contándose entre los más relevantes y necesarios los que atañen a la custodia de las fronteras de nuestro país, donde existen en este momento aproximadamente 1300 superficies aptas para el aterrizaje de los cuales 568 son aeródromos y sólo 53 cuentan con control de tránsito aéreo, el cual se encuentra a cargo de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina. Esto significa que los vuelos realizados desde y hacia los otros 515 aeródromos o superficies aptas para el aterrizaje, no son comunicados ni monitoreados por el Estado, ni a través de la Fuerza Aérea, ni a través de la ANAC. Son los mismos pilotos los que deben registrarlos en un libro denominado “Libro de Vuelos” o, en su defecto, deben ser anotados en el libro de registros del jefe del aeródromo, que no necesariamente debe ser un funcionario público, sino que puede tratarse de particular que realiza y aprueba un curso de formación. Tampoco existe regulación alguna que obligue al control interno de las aeronaves es decir, del cargamento que pudieran transportar cuando aterrizan o despegan de un aeródromo que no cuenta con control de tránsito aéreo. En síntesis, la falta de control sobre el espacio aéreo lo convierte en un ámbito propicio para el tráfico ilegal de estupefacientes. Resulta necesaria una transformación integral de las normas que regulan la materia de acuerdo a las nuevas modalidades que va a asumiendo la narcocriminalidad, y contar con funcionarios capacitados y especializados de manera continua y específica.

15. En cuanto al rol de los poderes judiciales, se advierte la necesidad que en éstos se adopten criterios de administración de justicia, que permitan ver a las víctimas y a las infractoras de la ley, juzgando con perspectiva de género; ello así, en el entendimiento de que éstas son ellas las más castigadas por el flagelo de la trata y la droga, máxime cuando resultan abandonadas, a posteriori, por quienes las habían reclutado para el delito. Por juzgamiento con esta perspectiva, se entiende aquel que impone una reinterpretación de las leyes teniendo en cuenta el impacto diferencial de las normas según el género.

16. Se sugiere apoyar la concentración de competencias en un fuero especializado para esta materia en cada provincia, complementado ello asimismo con normas procesales especiales, que permitan el dictado de resoluciones con la suficiente celeridad. Entre otras propuestas que coadyuven a la celeridad de los procesos, cabe considerar la superación de los conflictos de competencia, a fin de no frustrar la investigación en razón de la demora, proponiéndose que los tribunales involucrados celebren acuerdos entre sí.

17. Se propone la apertura de un canal de un canal de diálogo entre AMJA y las autoridades centrales para acercar las conclusiones y la elaboración concreta y específica de tareas coordinadas de políticas públicas para la lucha contra el narcotráfico, la trata y el crimen organizado .

18. El Consejo de la Magistratura tiene un rol importante respecto de la justicia como servicio público; por tanto, la celebración de convenios de colaboración y cooperación anunciados con instituciones homólogas y/u de otros poderes, son bienvenidas en miras a ofrecer el mejoramiento del servicio de justicia, en el confronte de los delitos complejos y los transnacionales.

19. Analizar y debatir de modo constante la cuestión resulta necesario, a la vez de reconocer y concientizarnos que no estamos ante un flagelo que solo afecta a una región , sino a los cimientos mismos de toda Nación democrática .

20. Es imprescindible alcanzar consensos a fin de elaborar, proponer y consolidar políticas de acción proactivas de naturaleza disuasiva, punitiva y muy especialmente de asistencia a las víctimas, para así mitigar y erradicar el flagelo social que representan la trata de personas en todas sus expresiones y el narcotráfico.

        Información SIC Nº 216/16 – 22 de septiembre de 2016.

 

 

 

 

Lic. Alejandro Heinrich
Jefe del SIC-STJER
sic.jusentrerios@gmail.com
prensatribunales@institutoalberdi.apps.lab.okd.jusentrerios.gov.ar

 

 

 

 

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